La guerra de las lenguas

Tuvo un servidor una novia andaluza que al rubor o la vergüenza la llamaba fatiga y a la fregona chupacharcos. He sabido recientemente que esos giros tan simpáticos se debían a que, en realidad, no hablaba español sino leps, que como todo el mundo sabe no es un diodo mal escrito sino el acróstico de lengua española propia del sur, variante granadina en su caso. Lo mío, según caigo ahora, es un don de lenguas para el que no ha hecho falta que una llamita se posara en mi cabeza en Pentecostés, como les paso a un grupo de discípulos de Jesús que, para extender el cristianismo, tuvieron que hacerse políglotas a toda prisa porque aún no se había inventado el Home English. El don me dura porque entiendo sin dificultad el argentino, el chileno y, por supuesto, el costarricense.

En Aragón, el PP y el PAR han corregido por fin esa anormalidad de que miles de ciudadanos de la comunidad creyeran hablar en catalán cuando en realidad lo que hacían eran farfullar respectivamente el lapao si estaban al norte de Zaragoza o el lapapyp, si se encontraban a pie de los Pirineos o en plena montaña. Los aragoneses son patriotas por definición desde los tiempos de Agustina de ídem, quien por cierto se apellidaba Saragossa y Domènech, dos apellidos claramente españoles. En consecuencia, hablan el español o en su defecto el aragonés en sus diferentes vertientes geográficas.

Es un error muy común que también afecta a algunos países de Europa. En Austria, por ejemplo, creen hablar el alemán en vez del austríaco y en Bélgica, en vez del belga, dicen entenderse en francés o en flamenco, que, por cierto, habría sido un buen nombre para el leps pero ya estaba cogido. Aragón lo ha corregido a tiempo, porque se empieza hablando catalán y se acaba montando un consejo nacional de transición a la independencia.

Lo del nacionalismo con las lenguas es un juego muy peligroso porque desvirtúa su propia esencia, que no es la incomunicación de Babel y su torre sino justamente lo contrario. Las lenguas se inventaron para que la gente se entendiera y no para que se mantuviera aislada. No son un criptograma con mensajes cifrados sólo al alcance de los poseedores del código secreto sino instrumentos de comunicación con los que se logra expresar desde el amor al odio, y hasta decirle al camarero que te pase algo más el filete antes de que salte del plato. Basta con visitar un localidad de frontera para apreciar que sus habitantes, para entenderse con el vecino, hablarán lo que sea menester, y si se trata de venderle algo chapurrearan incluso el sánscrito.

Las lenguas no se crearon para enfrentar sino para unir, aunque lo habitual de los nacionalismos -el español, en este caso, pero también el catalán o el vasco-, es convertirlas en el ariete de unas naciones que, como lo son todas –la española, la catalana o la vasca- no dejan de ser invenciones de unos señores que impusieron por el artículo 33 sus mitos y sus héroes, y hasta definieron la fecha exacta en la que había que rendirlas honores, ya sea el 12 de octubre o el 11 de septiembre.

De esos polvos viene el lodazal de la ley Wert, por ejemplo, y su misión histórica de españolizar a los niños catalanes, como si el sentimiento nacional tuviera que asociarse indefectiblemente a la lengua. ¿Se sentirán ingleses en Ohio porque hablan inglés? Y también que, a falta de otros rasgos identificativos, el catalán haya sido promovido al rango de hecho diferencial de Cataluña, cuando en realidad lo diferencial es el idioma en sí pero no es el idioma lo que hace diferente a Cataluña del resto, si es que existen diferencias entre un catalán y un andaluz más allá de los tópicos de rigor.

El papanatismo es transfronterizo. Tan surrealista como defender que hablar lapao en vez de catalán españoliza al sujeto o, al menos, no lo catalaniza, es argumentar que el catalán –un idioma que hablan más de ocho millones de personas, desde Cataluña a Valencia, pasando por Aragón, Andorra, Francia (el Rosellón) y hasta Italia (Alguer)- está en peligro, como si fuera una reminiscencia que pudiera compararse al tapiete, el wichí, el saliba o el iwaidja. La lengua de Espriu, de Carner, de Pla o de Mercè Rodareda goza afortunadamente de buena salud.

El éxito del modelo educativo de Cataluña es evidente, como lo es que el bilinguismo enriquece a cualquier comunidad. Sin embargo, a algunos nacionalistas de uno y otro bando les cuesta entender que un idioma no se defiende declarando la guerra al de al lado. Tampoco se logra gran cosa con los guiños de complicidad, una costumbre arraigada en diarios catalanes y también en éste en el que escribo, y que consiste en la 'traducción topónima". Se entiende al parecer como un signo de respeto llamar Catalunya a Cataluña cuando se escribe en español, aunque a nadie que redacte en catalán se le ocurra usar España por Espanya, con buen criterio además. Habría que pensar por tanto en lo irrespetuosos que somos con los británicos cuando hablamos de Londres en vez de London, y de ahí, quizás, la tirria que nos tienen.

De todo este embrollo, las lenguas son completamente inocentes. Ni el español –o el castellano- ha pedido ayuda a los patriotas del PP ni el catalán ha hecho lo propio con sus modernos almogáveres. A ver si nos entendemos.

A veces llegan cartas... o no...

La semana pasada hubo noticia bomba a propósito de una carta de Europa sobre el decreto de vivienda del Gobierno bolchevique de Andalucía. Pero eso fue la semana pasada, y hoy es hoy. Y lo que hoy sabemos es que ni la carta era una carta, ni la bomba era una bomba, ni la noticia era noticia. Todo era ficción en esa exclusiva filtrada por el Gobierno español a la agencia de noticias Efe. Era ficción la carta, la bomba, la noticia y el Gobierno bolchevique. Y era ficción, por supuesto, hasta Europa misma, gobernada por una ficción llamada Comisión Europea al mando de la cual hay un presidente ficticio llamado Durao Barroso, el cual, junto a la propia Comisión, está a su vez ficticiamente sometido a una ficción aún mayor llamada Parlamento Europeo.

Recordemos al desocupado lector el par de cosas que contiene el dichoso decreto y que, en opinión de algunos, pueden hundir el sector financiero y el sector inmobiliario, que al parecer no estaban hundidos: 1. Expropiación del uso de la vivienda a los bancos y abono de un alquiler a los mismos en casos de desahucio con riesgo de exclusión social. Y 2. Multas de hasta 9.000 euros a bancos e inmobiliarias que no saquen sus viviendas al mercado de alquiler en las zonas con demanda de ellas.

De manera que no llegó carta alguna. Lo que llegó, según hemos sabido finalmente, fue un escueto correo electrónico de Bruselas pidiendo a Madrid más información sobre el decreto andaluz, del que la derecha política, mediática y financiera viene diciendo desde el minuto uno que se trata de un decreto bolivariano diseñado para expropiarle impunemente los pisos a la pobre banca, víctima a su vez de tantas y tantas familias desalmadas que, no pudiendo pagar la hipoteca que con tan desvergonzada alegría solicitaron antaño, pretenden hogaño cargar su irresponsabilidad sobre las castigadas espaldas del sistema financiero.

Mientras tanto sólo resta esperar a que, tras evaluar detenidamente la preocupante deriva venezolana que ha tomado la pobre Andalucía, los cráneos privilegiados del Norte emitan su esperado dictamen. La única duda es: ¿nos lo harán llegar en forma de carta o en formato email? ¿Será una comunicación oficial con todos sus sellos, sus firmas y sus avíos o será un vaporoso email que parezca decir algo sin decir en realidad nada? Conociendo el paño europeo lo más probable es que ocurra esto último. Si ocurre lo primero diremos lo que diría Raphael, que a veces llegan cartas. Si ocurre lo segundo, diremos lo que siempre dice Rajoy: O no.

Una banca al servicio de quien la paga

Si algo refleja con palmaria claridad la inmensa tomadura de pelo que está siendo para el común de los ciudadanos esta crisis económica es lo ocurrido en España con la banca. Por culpa de una gestión insensata, animada las más de las veces por la codicia pura y dura, ha estado a punto de irse al garete un sistema financiero que pasaba por ser el más sólido del mundo. Y si no se ha ido es porque entre todos lo hemos evitado con una mansedumbre indescriptible y a costa de endeudarnos por Dios sabe cuántos años.
Del alto precio de esa generosidad –que no ha sido espontánea sino impuesta por los gobiernos, ahora el de Rajoy y antes el de Zapatero– es buena prueba el déficit público del año pasado. Pese a todos los sacrificios realizados por los españoles, su porcentaje sobre el PIB subió respecto a 2011 por culpa de los 40.000 millones del rescate de la banca. De poco sirvieron, pues, los recortes en sanidad, en educación, en dependencia o en pensiones y las subidas de impuestos, cuyo teórico objetivo era lograr una inaplazable consolidación fiscal.
A cambio de ese torrente de dinero, el Estado se ha quedado con las entidades que se hallaban en peor situación: Bankia, Catalunyacaixa, Novagalicia y Banco de Valencia. Pero no con el propósito de aprovechar la coyuntura para utilizarlas como elemento dinamizador de la economía. Todo lo contrario: la idea del Gobierno es sanearlas y quitárselas de encima cuanto antes, concediendo a los eventuales compradores las mayores facilidades posibles y gestionándolas mientras tanto como si fueran estrictamente privadas.
El último Informe de Estabilidad Financiera elaborado por el Banco de España ofrece datos concluyentes a ese respecto. Las cuatro entidades nacionalizadas conceden apenas un 20% de los préstamos que se les solicitan, frente al 30% del conjunto del sector. Es decir que, en vez de contribuir al desbloqueo del crédito, principal obstáculo para la recuperación, lo único que hacen es poner las cosas todavía más difíciles para las empresas y entorpecer la creación de empleo.
También resulta irritante el comportamiento de algunas de ellas con los ciudadanos que más consideración deberían merecerles. Resulta intolerable que Bankia, por ejemplo, siga como si tal cosa con su política de desahucios o que Novagalicia se pase por el forro las justas demandas de las víctimas de sus preferentes. Con el capitalazo que esas entidades nos están costando, lo menos que podía hacer el Estado es exigir a sus gestores que no olviden quiénes les pagamos, para que no se nos quede cara de cornudos y encima apaleados.